Bolivia en una encrucijada histórica

El 21 de enero de 2006, Evo Morales Ayma era coronado con la máxima autoridad de los pueblos originarios de América.

El lugar elegido fue Tiwanaku, ruinas precolombinas de unas de las culturas más antiguas del continente. Más de 50 mil personas asistieron a la ceremonia que el influyente Luis Chávez, jefe comunal aymara, sintetizó diciendo: “Ya volvimos millones”, en relación a la frase atribuida al líder indígena Túpac Katari: volveré y seré millones. Sólo unas horas más tarde, Morales asumía el cargo de presidente constitucional de Bolivia, el primer indígena de la historia en ocupar ese lugar.

Terminar con el racismo, aumentar la participación de los pueblos originarios en el Estado, nacionalizar los hidrocarburos y refundar Bolivia mediante una nueva constitución conformaron el primer discurso del nuevo presidente. A casi dos años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia se encuentra en lo que los analistas denominan como un empate catastrófico, entre los cambios constitucionales que impulsa Morales y una compleja fuerza opositora.

La oposición

Poder Democrático Social (Podemos), la coalición política opositora, nació como una alianza de viejos partidos para enfrentar a la candidatura presidencial de Evo Morales en diciembre de 2005. La integran el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), de tendencia derechista y con muy buenas relaciones con los EE.UU., y el millonario cementero Samuel Doria Medina, también propietario de la franquicia Burger King en Bolivia.

A Podemos, hay que sumarle los comités cívicos, con más fuerza en las provincias de Santa Cruz y Chuquisaca. Creados por empresarios locales llegaron, durante los años 70, a encarar acciones armadas para impedir que los candidatos de izquierda realizaran actos proselitistas, al mismo tiempo que han apoyado la mayoría de los golpes de estado en ese país. Durante octubre de 2003, en medio de la “guerra del gas”, la juventud del Comité Cívico de Santa Cruz realizó una contramarcha para agredir físicamente a los campesinos de la cultura yapacaní que protestaban contra la brutal represión del por entonces presidente Sánchez de Lozada. La consigna convocante fue: “El que no salta es un colla”.

A este cuadro hay que añadirle la reciente denuncia formulada por el ministro de Gobierno del MAS, Juan Ramón Quintana, en la que asegura que el Partido Popular de España "está financiando" a la oposición y que hay medios masivos de comunicación que también "están sostenidos por un financiamiento informal" proveniente de la Agencia de Ayuda internacional de Estados Unidos (Usaid).

La economía

Por lo menos desde 2005, la macroeconomía boliviana despliega números que reflejan un crecimiento histórico del 4 por ciento anual. Según datos del Ministerio de Hacienda, durante 2006, los ingresos tributarios crecieron casi un 80 por ciento y en lo que va del 2007, un 11 por ciento más, debido en parte, al precio internacional de las materias primas y, fundamentalmente, a la llamada nacionalización de los hidrocarburos que en 2006 puso en marcha Morales. La medida fijó en un 50 por ciento las regalías que deben pagarle las empresas gasíferas y petroleras al Estado boliviano. Pero la buena recaudación no logra evitar que se generen 130 mil nuevos pobres por año y que el salario promedio mensual no sobrepase los 100 dólares. La pobreza alcanza al 62 por ciento de la población y casi el 60 por ciento padece de desnutrición crónica, según informó el ministerio de Salud boliviano. La distribución de los ingresos sigue siendo una tarea pendiente. Según las propias cámaras empresariales, las ganancias de los bancos, de las mineras y de las agroindustriales se han incrementado, en lo que va de 2007, en un 20 por ciento; mientras el salario real, producto de la inflación, cayó en un 11.


La constituyente

Convocada en marzo de 2006, la Asamblea Constituyente lleva tres meses sin poder sesionar, debido al boicot a Morales.

Aunque la mayoría de los puntos estarían consensuados, algunos traban un acuerdo posible: gobierno y justicia indígena, dejar de solventar religiones, elección comunal para puestos en el Poder Judicial, una nacionalización, no muy clara, del resto de los recursos naturales y la propiedad colectiva de la tierra mediante el otorgamiento de las tierras fiscales y los latifundios improductivos a las organizaciones indígenas. A ellos se agrega la reelección presidencial por dos períodos.

La oposición, como respuesta a la avanzada indigenista, plantea la necesidad de otorgar una autonomía prácticamente absoluta a las provincias frente al Estado Nacional en materia tributaria, política y judicial y un aumento de la regalías de los hidrocarburos, así como el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo que actualmente están radicados en La Paz, a la ciudad de Sucre.

Fernando Zamora